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Criterios legales para la elección de hosting

Mucha gente desconoce las enormes consecuencias que, de tipo legal, y en concreto en lo referente al campo de protección de datos, la contratación de un servicio de hosting puede suponer, no sólo para el cliente sino para el que presta el servicio, y esta afirmación se entenderá perfectamente si damos el dato de que no respetar la ley en estos ámbitos puede derivar en sanciones económicas que podrían ir de 300.000 a 600.000 euros, con lo cual es más que clara su importancia en estas lides del comercio electrónico. Por ello, analizaremos aquellos aspectos básicos, legales, y de obligada consideración a la hora de llevar a cabo tal tipo de contratación, refiriéndonos específicamente a la que ha lugar cuando contratamos su alquiler a una empresa de hospedaje, la cual es la encargada del mantenimiento del mismo y es la que dispone de él físicamente, siendo el cliente el que accede al mismo, pero a distancia.

Transferencias internacionales de datos

Más de uno ignora que si el servidor está ubicado físicamente fuera de la Unión Europea, la normativa española al efecto aplicable, la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley 15/99, considera técnicamente dicho tránsito de datos como una transferencia internacional. Pues bien, ante tal transferencia, la LOPD exige que el país en el que esté físicamente el host o servidor posea un nivel de protección, en lo referente a la protección de datos de carácter personal, que se considere equiparable al contemplado en dicha norma.

Por otro lado, el Estado español posee una relación de países considerados como poseedores de tal tipo de protección, con lo cual, si el país de destino está en ella no habría ningún problema, aunque éste sí se daría si dicho país no está en dicha lista, en cuyo caso habría que obtener autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos.

Consecuencia obligada de lo anterior es, antes de contratar el hospedaje, informarnos bien acerca de en dónde están situados físicamente sus servidores, y acudir a dichas listas a ver si tienen el visto bueno del Estado. Dichas “listas”, en la práctica, adoptan la forma legal de Órdenes.

Criterios de la Agencia de Protección de Datos

Es por lo anterior, que la Agencia de Protección de Datos tendrá que evaluar todas las circunstancias concurrentes en el caso de que se trate, analizando concretamente el tipo de datos, finalidad y duración de la transferencia, país de que se trate, informes existentes de la Comisión Europea, normas sectoriales y generales de dicho Estado de destino, y medidas de seguridad en vigor en dicha geografía.

Excepciones a la solicitud de autorización al Director de la APD

Sin entrar a exponer en detalle todas las excepciones a la solicitud de autorización que recoge la LOPD, hay una en concreto, que en relación a la pequeña y mediana empresa española del comercio electrónico es la más a usar, y es la recogida en el apartado e) de su artículo 34 : “Cuando el afectado haya dado su consentimiento inequívoco a la transferencia prevista”.

El apartado expresado se cumpliría perfectamente cuando la empresa propietaria del negocio web comunica, de forma previa, a sus clientes, que sus datos, a efectos meramente técnicos y operativos, o a otros, van a ser remitidos a un servidor alojado en el extranjero, solicitándoles de tal modo su consentimiento a tal fin.

Por otro lado, no sólo bastaría con solicitar dicho consentimiento, sino que habría que indicar también detalles de la empresa de destino poseedora de dichos servidores, y cómo ejercitar, en su caso, ante los mismos, los derechos que según la LOPD asisten al titular de los datos, como los de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación..

Caso concreto de Estados Unidos

Aunque parezca una paradoja, los Estados Unidos no son un país incluido en las Órdenes citadas, por lo que en principio, si no se obtiene el consentimiento previo de los afectados – insistimos, previo, y no posterior a la transferencia – estaríamos realizando una transferencia ilegal, cuya sanción podría llegar en su tramo mínimo a los 300.000 euros, y en el máximo a los 600.000.

De cualquier forma, y como no podía ser menos, las autoridades norteamericanas han reaccionado ante ello, y por tal motivo llegaron a un acuerdo con la Unión Europea mediante el cual, el Departamento de Comercio de los EE. UU. se encargaría incorporar a una lista, llamada de Safe Harbor o de Puerto Seguro, a aquellas empresas que cumplan unos mínimos requisitos de protección de datos, con lo cual, dichas empresas, tendrían el visto bueno de las autoridades comunitarias.



Artículo publicado en winred.com
Autor: Javier Hernández Martínez

Este artículo ha recibido 12217 visitas.



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