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Los intereses moratorios y las comisiones aplicados a la práctica bancaria

Se define el contrato bancario de cuenta corriente según la doctrina y la jurisprudencia, como un contrato complejo, de depósito irregular, con liquidaciones periódicas por el banco, del que se deriva, una recíproca concesión de crédito y la consiguiente obligación de reembolso a la entidad bancaria de las cantidades que ésta haya satisfecho a terceros por cuenta del titular de la cuenta corriente, por lo tanto, el banco no sólo tiene la obligación de volver las cantidades depositadas a petición del depositando, sino que se constituye en un agente de pagos y cobros.

Este contrato no tiene una regulación legal y por lo tanto se regula por las nominadas condiciones generales redactadas unilateralmente por una de las partes, la entidad bancaria.

Se plantea la posibilidad de apreciar entre estas condiciones la existencia de cláusulas abusivas y concretamente respeto de los intereses moratorios en descubiertos de saldos de cuentas corrientes, así como respeto de estos en la contratación de pólizas de crédito y comisiones.

Es necesario diferenciar entre intereses remuneratorios e intereses moratorios, respecto de los primeros se aplica el principio de autonomía de la voluntad con independencia de que estos sean más o menos elevados dado que su determinación responde en nuestro sistema económico al juego de los mecanismos del mercado siempre y cuando quede garantizada correctamente la voluntad del prestatario, evitando así un intervencionismo legal o judicial de l’autonomía privada, criterio recogido a la Directiva Comunitaria 93/13/CEE de 5 d’abril, en el artículo 4.2, según el que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá al objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución...”, en este sentido también la Ley de Crédito al Consumo de 1995 que establece la conveniencia de garantizar a los consumidores la posibilidad de disponer de una información previa cumplida y precisa respeto de los elementos principales de los contratas de financiación, todo esto, sin perjuicio de seno se dan las circunstancias y presupuestos se aplique la Ley de Represión de la Usura de 1908, conocida como Ley Azcárate.

Respecto a los intereses moratorios, es decir, aquellos que se producen en caso de incumplimiento del prestatario y que tienen una naturaleza esencialmente indemnizatoria dado que su objeto es el resarcimento de los daños y perjuicios que se puedan generar al acreedor como consecuencia de un retraso en el cumplimiento de una obligación dineraria, no pueden considerarse una cláusula referida a prestaciones principales derivadas del contrato como los anteriores, sino que su aplicación tiene carácter eventual aplicándose exclusivamente cuando en la relación contractual se produce un incumplimiento.

Los intereses moratorios en las pólizas de crédito pudiendo pactarse alrededor de un 29%, mientras que los descubiertos en cuenta corriente o se pactó un interés similar al anterior, o no se establece un tipo fijo sino variable que según la Orden Ministerial de 17-1-81 y la Circular del Banco de España de 7 de mayo 1987 dictada en desarrollo de la OM 3-387 que deroga l’OM 17-1-81, tienen que estar permanentemente expuestos en sitios visibles de la entidad bancaria y comunicados al Banco de España, realizando en muchos casos, una capitalización de los intereses vencidos y no satisfechos de tal modo, que como aumento de capital generan nuevos intereses hasta la total percepción de la deuda.

Dado que tal y como se ha expuesto anteriormente los intereses moratorios no componen las prestaciones principales del contrato sometidas a primeros de autonomía de la voluntad, las cláusulas que regulan los intereses que se tienen que satisfacer en caso d’incumplimiento si son susceptibles de ser sometidas a control respecto a su posible carácter abusivo y en este sentido cuando se trate de una cuenta corriente y moliente de un particular le será de aplicación la normativa protectora de los consumidores, así la Ley de Consumidores y Usuarios de 1984 en’l artículo 10 se recogía por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, una regulación general de las condiciones de los contratas cuando sus destinatarios fueron consumidores, al apartado 4arto de este artículo se establecía “serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones o estipulaciones que incumplan los anterior requisitos”, de entre estos requisitos el apartado 1ero c) exigía que las condiciones generales se tenían que ajustar a las exigencias de “buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones”, estableciéndose una numeración no taxativa de cláusulas que habrían considerarse excluidas, de entre ellas, se hace referencia a “las condiciones abusivas del crédito” (apartado 4arte), entendiendo por cláusulas abusivas aquellas que perjudiquen de forma desproporcionada o no equitativa al consumidor las que se someten al régimen de nulidad de pleno derecho.

El artículo 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo dispone que en caso alguno se pueden aplicar a los créditos que concedan en forma de descubiertos cuentas a salto de mata “un tipo d’interés que dé una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero”; mientras que el apartado V,29 de la disposición adicional 1ª de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios introducida por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, atribuya expresamente el carácter de cláusula abusiva a “la imposición de condiciones de crédito que para descubiertos en cuenta corriente y moliente superen los topes recogidos al artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo”. Esta limitación prevista específicamente por los descubiertos en cuenta corriente, es aplicable igualmente al intereses moratorios de las pólizas de crédito atendida a la analogía del préstamo por tratarse tal y como establece l’artículo 1ero de la mencionada Ley, de medianos equivalentes de financiación para satisfacer necesidades personales del consumidor.

Tenemos por lo tanto, que aquellas cláusulas recogidas todo a menudo en los contratas de préstamo o cuentas corrientes dónde se establece que los intereses de demora serán alrededor de un 29%, o se remiten a un tipo variable según la variabilidad del mercado financiero sin establecer un índice objetivo, sino que es determinado unilateralmente por la entidad, sin que estén previston los medios de conocimiento del mismo por parte del titular de la cuenta, siente en este caso irrelevante el hecho de incumplir el requisito de publicidad mediante edictos en los tableros de anuncios colocados en las oficinas bancarias o publicado al boletín de circulación interna del Banco de España, puesto que la Orden del Ministerio d’Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989 y la Circular del Banco de España que la desarrolla 8/1990, de 7 de septiembre sobre transparencia en la contratación bancaria en caso alguno ampara la existencia de una cláusula que no exprese de forma clara el tipo d’interés, o cuando la entidad financiera realiza una capitalización de los intereses vencidos y no satisfechos que suman al capital que al mismo tiempo crea nuevos intereses, siempre y cuando se trate de contratas sometidos a la Ley de Consumidores, es decir, que no se trate de cuentas o créditos nominados “ de negocios”, le será de aplicación el tope del artículo 19,4 de la Ley de Crédito al Consumo y por lo tanto los intereses moratorios no podrán superar 2,5 veces el interés legal del dinero fijado en el momento de suscribir el contrato.

Estas cláusulas según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992, incluido cuando el demandado se encuentra en situación procesal de rebeldía, los Tribunales pueden apreciar de oficio su nulidad de pleno derecho, cuando se reclama su cumplimiento en base a cláusulas abusivas introducidas en contratas subscritos con consumidores, sin que tal declaración afecte a la validez del contrato por lo general, dado que en estos casos se tiene que producir un control judicial sobre pretensiones que puedan ser contrarías a normas imperativas de protección de los consumidores. La declaración de nulidad comportará la aplicación de los intereses aplicando la limitación mencionada o bien el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Otra práctica bancaria habitual es l’aplicación de comisiones, respeto d’estas, l’mencionada Circular 8/1990 de 7 de septiembre del Banco de España, determina expresamente que las comisiones y gastos repercutibles, tienen que responder a servicios efectivamente dados o a gastos efectivamente causados, sin que en caso alguno puedan girarse o cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados por el cliente. El Servicio de Reclamaciones del Banco de España en las innumerables ocasiones que se ha ocupado de este tema de manera invariable ha expuesto en el caso por ejemplo de las devoluciones de efectos, que las comisiones de devolución no constituyen buena práctica bancaria, dado que no resultan de un servicio real y auténtico, puesto que la devolución no es más que uno de los resultados posibles de la gestión de cobro y concretamente un resultado negativo, lo que no es nada diferente y independiente de la gestión encomendada, ni constituye un nuevo servicio.

En la actualidad existe una regulación que impide el abuso de la contratación financiera, es trascendente en este sentido el artículo 48.2 de la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989 y la Circular 8/1990 ambas mencionadas anteriormente, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, Circular que posteriormente se ha modificado en materia de tipo de interés (Circular 13/1993), préstamos hipotecarios (Circular 5/1994) y la Circular 3/1996 de adaptación a la Ley de Crédito al Consumo. Esta Circular que establece libertad en el establecimiento de comisiones por servicios prestados, impone en las normas sexta, séptima y octava, importantes obligaciones contractuales, de entre estas obligaciones se regula el apartado 6:) c del número sexto, según el que las comisiones y gastos repercutibles que sean de aplicación, con indicación concreta de su cuantía, fechas de pago y liquidación, tienen que recogerse textualmente en el documento contractual. Por lo tanto, el cobro de comisiones bancarias no pactadas expresamente y como mínimo no justificadas, constituyen un claro abuso, considerado según la Memoria del servicio de reclamaciones del Banco de España de 1995 uno actuar contrariamente a buenas prácticas bancarias y por lo tanto susceptible de reclamación por vía jurisdiccional.



Autora: M. Dolors Codina Rossà, Doctorando en Derecho.
Artículo publicado en el núm. 18 de “El Lligall”, revista que edita el Ilustre Colegio de Abogados de Granollers.

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