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El pacto de la Justicia: una oportunidad que no se debe perder

La reestructuración de la oficina judicial (I)

El inicio del nuevo período de sesiones parlamentarias ha sido el marco en el que el gobierno, a través de su Ministro de Justicia, ha manifestado su vocación de “[...] alcanzar un Pacto de Estado que culmine los deseos compartidos de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia [...]”. Loable empeño para el que precisará sin duda de la ayuda de todos los operadores jurídicos.

Debemos felicitarnos como sociedad por este nuevo impulso que se pretende dar a nuestro sistema judicial, aunque seamos muy conscientes del retraso inaceptable con que se plantea. El propio Ministro reconoce en su informe que nuestra justicia es “ [...] lenta, cara, complicada, está anclada en procedimientos de gestión anticuados y [...] parece descolgada del proceso espectacular de modernización que ha vivido España en los últimos años”.

No voy a ser yo quien disienta del análisis gubernamental a la hora de diseccionar nuestras enfermedades judiciales. Efectivamente, no existen ni los medios ni la financiación adecuada para cubrir la exigencia de una sociedad cada vez más dinámica, compleja, y que incrementa de forma exponencial su litigiosidad.

De acuerdo, pues, con la patología que sufre nuestra justicia coincidiremos todos en que debemos buscar como ejes de su evolución que la justicia sea no lenta, no cara, no complicada y basada en procedimientos de gestión que atiendan a dar una calidad de servicio.

Andrés Senlle, uno de los más importantes especialistas de calidad de este país, habla de la calidad total como fórmula para la competitividad y supervivencia empresarial de los años venideros. Yo añado que debemos plantearnos esa fórmula de calidad total como un nuevo eje básico sobre el que debe pivotar la nueva reforma de la Administración de Justicia. La no calidad anclada en nuestro sistema judicial supone un enorme déficit para su avance, desespera al ciudadano y le sume, junto a los operadores jurídicos, en la impotencia de resolver los problemas.

No nos engañemos. La acumulación de asuntos en los Juzgados debe finalizar. También las resoluciones judiciales incomprensibles e incomprendidas, las esperas interminables en oficinas judiciales, los períodos decenales para la resolución definitiva de los asuntos, y un largo etcétera de más cosas que todos los operadores jurídicos conocemos. En definitiva a la hora de reformar la justicia debemos ir a la búsqueda implacable de la no calidad. Hemos de eliminarla, porque su coste es muy superior al de la inversión que puede suponer erradicarla.

A lo largo pues de estos cuatro artículos mi objetivo será marcar algunas líneas de actuación que aporten esa calidad, entendida como disposición continua a hacer las cosas mejor, que debiera ser característica de la Administración de Justicia. Líneas de actuación sólo en cuatro campos: a) la reestructuración de la oficina judicial; b) el sistema de selección de jueces; c) los abogados; d) los sistemas alternativos de resolución de conflictos.

Son cuatro puntos básicos. Aunque hay más, éstos son lo que creo que pueden afectar de forma más directa a una racionalización de la Administración de Justicia que la sociedad viene demandando de forma continuada. Temo, sin embargo, que tal como me manifestó algún Juez al que admiro:

“Los ejes básicos de la discusión pública sobre este Pacto de la Justicia serán otros muy distantes al ciudadano. Se hablará de cosas como la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la modificación de la ley del Jurado, y un largo etcétera de asuntos irrelevantes por cuanto no afectarán de forma directa al interés del ciudadano que precisa una justicia mejor. En realidad el poder ejecutivo no tiene ningún interés en que mejore la justicia. Ya le está bien tener un poder judicial desprestigiado y último en las listas de valoración ciudadana de las instituciones públicas”.

Si a ello añadimos que el Estado español dedica un 0,7 de su PIB al presupuesto de Justicia, cuando países de nuestro entorno comunitario dedican una media del 3% de su PIB (Alemania el 4%), que cada cual extraiga sus propias conclusiones.


La reestructuración de la oficina judicial (I)

La oficina judicial es el elemento integrador de nuestro sistema. Es la canalizadora del proceso del que resulta su elemento más importante: la sentencia. Por ello en ese proceso productivo debemos esforzarnos por instalar un sistema de calidad de servicio que acerque más eficazmente al ciudadano y a los profesionales del Derecho a la justicia.

Otras administraciones públicas han apostado ya por la calidad. Sin ir más lejos, diversas consejerías de salud pública de comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad o incluso empresas públicas, como Renfe desde 1990. El resultado medido no sólo en términos económicos sino en satisfacción de los clientes ha sido tan positivo que su experiencia no debiera caer en saco roto.

La estructura actual de la oficina judicial plantea en primer lugar muchos problemas de no calidad: esencialmente ineficacia y lentitud, a causa de una alarmante falta de planificación y sobre todo por la inexistencia de una estructura jerárquica pensada al servicio del ciudadano, del profesional del Derecho y del Juez emisor de la sentencia.

Respecto al ciudadano y al profesional del Derecho, la oficina judicial debe estar pensada para prestar un servicio que inspire confianza, credibilidad y garantía de que el proceso se desarrollará satisfactoriamente en los tiempos previstos. Huyamos pues de las respuestas tipo: “Su sección es la C”. “Esto lo lleva el compañero que está de vacaciones” o “Esto aquí no lo hacemos así. Tendrá que esperar a la semana que viene...” Y un largo etc. de respuestas que serian inaceptables en cualquier estructura empresarial seria.

La estructura de la oficina debe estar diseñada para dar respuestas claras, precisas y correctas al operador del Derecho o al ciudadano que se acerque a ella. En este sentido debemos formar a los profesionales de las mismas olvidando que el administrado es un “cliente-cautivo” y que el puesto de trabajo es seguro. Los criterios empresariales de rentabilidad en el tiempo, eficacia en la gestión y rendimiento del trabajo deben estar presentes en todo momento, fomentando un servicio de calidad, que es lo que el ciudadano y sus representantes (los operadores jurídicos) merecen por mandato constitucional.

Esta reestructuración no se conseguirá si no va acompañada de una formación del personal de los Juzgados, dirigida a sensibilizar, motivar y preparar a los oficiales para ese cambio. Es decir, para asumir las técnicas de calidad (profesionalidad y eficacia) del Juzgado como algo propio. Sin que los oficiales de los Juzgados crean que satisfacer al cliente es implantar la calidad no llegaremos muy lejos. En este caso el cliente es el usuario de la justicia y la calidad sólo se conseguirá cuando éste perciba que el desarrollo del proceso judicial se produce en los tiempos adecuados, con la eficacia debida y con una absoluta información para él de en qué momento se halla.

Información, información e información, correcta, rápida y eficaz. Con ella y con unas sentencias comprensibles y comprendidas, emitidas en un tiempo razonable superaremos estadísticas como la del CIS (1996), que decía que más del 80% de los encuestados se mostraba de acuerdo con la afirmación de que “las decisiones de la justicia son tan lentas que más vale evitar meterse en pleitos legales”. O el sondeo del CGPJ (1997), que establecía que el 51% de los ciudadanos negaban la imparcialidad de los tribunales.

Debo añadir a ello que si esa reestructuración y nueva formación del personal que se propone no va a conllevar la modernización de los elementos de trabajo, esencialmente de los informáticos, el futuro se presenta corto. Es absolutamente necesaria la informatización de todos los procesos de trabajo posibles, sin que ello suponga en ningún caso despersonalizar la oficina. Por lo tanto, las intranet de la oficina judicial deben ser la base sobre la que se desarrolle esta nueva estructuración. Los correos electrónicos internos y externos, como norma de comunicación rápida y eficaz, deben ser moneda de uso común, al igual que los conocimientos informáticos de los empleados de la oficina.

Este ámbito, el de la notificación entre profesionales y el Juzgado (con todas las medidas de seguridad que se quiera) es un punto clave que debe cambiar. Hay que olvidar el servicio de correo tradicional tal como lo entendemos. Existen hoy en día los medios tecnológicos suficientes como para que quede constancia de la notificación realizada vía fax o correo electrónico. Su uso es más rápido, económico y eficaz. Por ello hacia él debemos dirigirnos.


El Juez

El Juez, como principal protagonista de la oficina, debe ser el otro eje sobre el que pivote esta nueva organización. Su principal cometido es dictar sentencias, claras, digeribles y en el lapso de tiempo necesario para ello, ni más ni menos. Por lo tanto, toda la oficina debe ayudarle en esa única función. No le demos otras. No hagamos del Juez un director de recursos humanos o de calidad. No es esa su misión, ni tampoco probablemente su vocación. Podemos exigirle calidad de las sentencias que produce, pero para ello hay que dejarle trabajar en las mismas. No le obliguemos a ocuparse en nada que no sea el estudio y el análisis jurídico de la decisión que debe tomar; y más aún, ayudémosle a ello.

Es preciso que se cree un gerente de la oficina judicial, que se ocupe de la calidad de los procesos, de la gestión de los recursos humanos y de las cuestiones económicas (un Juzgado de capital de provincia tiene por media en su cuenta de consignaciones 200 millones de pesetas que hay que gestionar, devolver, retener, etc.). Busquemos ayudantes del Juez (¿letrados ponentes? Los hay ya en el Tribunal constitucional) que trabajen los asuntos judiciales en cuestión buscando toda la información necesaria del pleito, analizándolo y proponiendo soluciones a trabajar para la propia resolución de la sentencia, que sólo el Juez tras su análisis personal emitirá.

Y por último, si lo que hace falta es que los asuntos judiciales no se dilaten en el tiempo y que se dicten más sentencias: ¿Por qué un solo Juez por Juzgado?, ¿Por qué crear más Juzgados con el enorme coste que ello supone cuando muchos Juzgados tienen ya hoy personal para atender a más de un Juez? Dejemos que ese dinero se emplee en cosas más necesarias para la Administración de Justicia.

Si el problema real es la emisión de la sentencia, el Consejo General del Poder Judicial no puede pedir 500 sentencias al año por Juez/Juzgado como hoy está haciendo. Eso es una aberración que atenta contra todo sentido común. Basta con saber que el año tiene 365 días y que como mínimo 144 no son laborables para el Juez. Si el Juez va a tener todo el apoyo que precisa (letrados, informática una estructura racional y basada en la calidad) no hay problema en que haya más de uno por Juzgado, todo lo contrario. Sólo ganaremos en calidad de las sentencias y en satisfacción del ciudadano a un coste mucho menor que el de crear nuevos Juzgados.


El procurador

Como lógica consecuencia de todo lo manifestado, hay que pensar seriamente en la supresión de la figura del procurador, que no de los profesionales del Derecho que se dedican a esta labor y que pueden ser reciclados como procesalistas experimentados en despachos profesionales o bien como futuros gerentes o administradores de la oficina judicial (con la oportuna formación previa). Debemos ya evitar esta figura cuyas funciones son, unas perfectamente asumibles por otros operadores jurídicos y otras desaparecerán con la propia reestructura de la oficina judicial que se propone.

Potenciar hoy una figura que se basa en la ficción jurídica de representación de la parte que en la mayoría de los casos ni siquiera conoce, que encarece el producto jurídico innecesariamente y que ya ha desaparecido en prácticamente en todos los países de nuestro entorno jurídico, es decisión valiente que hay que tomar por el bien de la Administración de Justicia. Es necesario cuidar, eso sí, que la experiencia de estos profesionales no se pierda y quede incorporada al nuevo sistema de forma más eficaz y probablemente más satisfactoria para ellos, que son los que más sufren hoy por hoy la no calidad de nuestra oficina judicial.

Aprovechemos pues esta nueva oportunidad para conseguir una oficina judicial cercana al ciudadano, con criterios de atención basados en la personalización en el trato y la eficacia en el servicio que se presta. Busquemos sobre todo una oficina judicial que configure su estructura para que su principal elemento, el Juez -o mejor, los jueces- tengan todas las facilidades del mundo para elaborar las sentencias con la calidad necesaria como para prestigiar nuevamente al sistema, potenciando así la seguridad en el tráfico jurídico. En consecuencia, ayudando al desarrollo económico del país.

Concluyendo, si conseguimos calidad en la oficina, estaremos más cerca de la justicia que demanda nuestra sociedad.

Próximo artículo: El sistema de selección de jueces (II)


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